Durante los últimos días tanto los que se manifiestan en la calle como los que intentan reprimir las manifestaciones se acusan de usar la violencia. El gobierno habla de violentos que atacan el estado de derecho y los manifestantes claman contra la violenta represión de sus reclamaciones por la policía. Intentando ver la situación objetivamente, algo que para mí es muy difícil dada mi cercanía ideológica y humana hacia los manifestantes, me temo que ambas partes tienen razón y ambas están equivocadas.
Pudiera parecer que tal conclusión es simplista e inútil pues no resuelve el problema, dejando abierto el dilema de quién tiene razón en el enfrentamiento, pero mi opinión personal es que ambas partes deberían de reconsiderar el uso que están haciendo de su fuerza para ejercer la violencia contra la otra.
Que es deplorable el destrozo de material urbano y de pertenencias e instalaciones privadas, es cierto. Mas también es igual de cierto que no podemos deplorar la rotura del cristal de un banco ponderando dicho acto como más dañino que sustraer los fondos financieros de ese mismo banco para repartirlos entre la casta económica que los maneja.
Que el lanzamiento de piedras y objetos contundentes contra la policía es condenable y justifica que ésta cargue contra los manifestantes es cierto. Mas también es cierto que si durante esa carga se golpea indiscriminadamente y sin mesura a quienes ni siquiera han participado en la violencia previa, se está pervirtiendo el uso del derecho que la sociedad otorga a los cuerpos de seguridad para mantener el orden.
Es por eso que, posiciones numantinas e ideológicas aparte, tenemos que reflexionar, tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad, en la forma en que se hace uso de la violencia. Porque en los enfrentamientos es lógico e inevitable que en ambos bandos surjan elementos que agredan violentamente y sin justificación a la otra parte, pero es precisamente por eso que es necesario que sean las propias partes las que intenten controlar esa situación, los manifestantes con servicios de orden que velen por el correcto desarrollo de la protesta, y los policías denunciando a quienes utilizan la violencia y el juego sucio con una finalidad política ajena a lo que es el mero mantenimiento del orden y la convivencia entre personas civilizadas, por mucho que el responsable de esa violencia inncesaria sea el mismísimo delegado del gobierno.
Si los convocantes condenan la violencia pero no actúan firmemente contra quienes la usan utilizándoles a ellos como excusa, pierden la credibilidad de su condena.
Si la policía alega que ha sido atacada, pero al defenderse actúa vergonzosamente imponiendo miedo y dolor más allá de lo necesario para mantener el orden, pierde su legitimidad como instrumento de un estado que, si de verdad quiere ser democrático, debe de proteger y defender a todos, no solo a quienes coinciden ideológicamente con el grupo en ese momento gobernante.
Entendamos todos que hay una violencia lógica que surge en los momentos tensos y es comprensible, pero entendamos también que tenemos que mantener la cabeza fría para actuar con cautela, no sea que al intentar sofocar una situación violenta provoquemos que ésta, en vez de desaparecer, se incremente.
